La propuesta de crear una comisión para investigar la relación de Felipe González con los GAL reabre el debate sobre las cloacas del Estado. Otros se apresuran a apuntalar la figura del expresidente.

‘San Sebastián arrojado a la Cloaca Máxima’, Ludovico Carracci (1612). Museo Getty de Los Angeles.

El primer alcantarillado se encuentra en la ciudad de Uruk y data del año 3.200 a.C. Desde entonces los sistemas para la canalización de las aguas residuales han ido evolucionando. Los romanos se enorgullecían de su sistema, la Cloaca Maxima, que incluso se encontraba bajo la protección de su propia deidad, Cloacina. Según algunos relatos de la época, ya fuese por la pobreza extrema del fallecido o como una forma de humillación, algunos cadáveres se arrojaban directamente a la cloaca: ocurrió al parecer con el excéntrico y odiado emperador Heliogábalo y con San Sebastián. Este último hecho aportaría un nuevo matiz a una metáfora política presente y recurrente en España, que estos últimos días ha vuelto a aparecer en los medios. Me refiero, por supuesto, a la creación de una comisión de investigación sobre el papel de Felipe González en los GAL propuesta por EH Bildu en el Congreso de los Diputados a la luz de la desclasificación de un informe de la CIA de 1984 en el que se afirma que González “ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”.

En declaraciones a Los desayunos de TVE el portavoz de Unidas Podemos (UP), Pablo Echenique, rechazó la comisión porque “todo el mundo sabe lo que pasó”. “No vamos a dejar que nada nos distraiga de poner en marcha el escudo social y relanzando la economía social, y mucho más con cosas que son perfectamente conocidas”, agregó Echenique. Escándalo en las redes. Alguien rescata de la hemeroteca una intervención de 2016 de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados dirigida a Pedro Sánchez: “Su problema es que le han prohibido pactar con nosotros, lo dijo Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva”. Otro recupera unas declaraciones de Mariano Rajoy de ese mismo año sobre la Ley de Memoria Histórica para cuestionar lo dicho por Echenique: “Hay que mirar al futuro y no al pasado”. “Estaría bien investigar bien las diversas tramas parapoliciales, que hubo varias y las conexiones ultras en el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado”, señalaba el escritor Jorge Dioni López en su cuenta de Twitter al recordar la existencia del Batallón Vasco Español (BVE), la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA), Acción Nacional Española (ANE) y Antiterrorismo ETA (ATE).

En 24 horas UP da un giro de 180 grados y apoya crear la comisión. Echenique echa mano de las redes sociales para aclarar que detrás de todo hay una operación de determinados medios de comunicación “para romper el gobierno de coalición”: “Hay elecciones vascas y el nacionalismo decidió que a ellos también les venía bien hablar del tema, mejor hablar del GAL que de Zaldíbar o del ingreso mínimo vital”, mientras que el “PP y Vox también están encantados porque así ellos pueden hablar de ETA, que es un tema que les gusta mucho, aunque se haya acabado la violencia y la sociedad vasca recorra firme el camino de la convivencia y la paz”. Echenique se preciaba de la trayectoria de su partido “contra el uso ilícito de las estructuras del Estado profundo”, pero ¿existe acaso un uso lícito de esas mismas estructuras?

En El Confidencial Edmundo Bal corría a apuntalar la figura del expresidente pidiendo “un respeto para Felipe González”. Bal cree que existe toda una “campaña ad hominem” con la que se busca “desligitimar así de un plumazo cualquier aportación que pueda hacer al debate público en un momento tan crítico para España como el actual” y que trasciende al personaje para convertirse en una maniobra de “acoso y derribo a la democracia española, al espíritu de consenso y entendimiento entre quienes piensan diferente”. Voz Populi afirmaba que “la presión de los barones y las corrientes felipistas que resisten en el actual PSOE han frenado de momento cualquier atisbo de censura al legado de Felipe González”. Pere Martí lamentaba en Vilaweb cómo “durante mucho tiempo criticar los GAL era hacer apología del terrorismo o ser sospechoso de simpatizar con ETA”. Martí destacaba cómo la investigación del GAL “se detuvo en el ministro José Barrionuevo y el secretario de Estado, Rafael Vera, que asumieron disciplinadamente el papel de cabezas de turco”. “Fueron condenados a diez años de prisión, pero sólo cumplieron tres meses y medio gracias a un indulto del gobierno de José María Aznar”, añadía. A todo esto, ¿qué hay de González? “Tuve que decidir si quería volar la cúpula de ETA, dije que no y no sé si hice lo correcto”, aseguró el político socialista a El País en 2010 refiriéndose a un episodio de “las tripas del Estado” de entre 1989 y 1990. El periodista no preguntó más.

La ley franquista que tapona toda investigación

En su análisis para Vilaweb Pere Martí ponía el acento en el cerrojo legal que constituye “la ley de secretos oficiales aprobada el 6 de abril de 1968, en pleno franquismo, modificada el 7 de octubre de 1978”. Esta ley, que Martí calificaba como “profundamente antidemocrática”, considera “innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional”.

Publicado en El Quinze, 26 de junio de 2020.

Entre el periodisme i la traducció.

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