España, ¿Estado canalla?

La propuesta de reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) da pie a otra batalla entre el gobierno y la oposición, mientras la derecha polaca trata de aprovecharse llevando el asunto a su terreno.

‘Autorretrato’ (1936), Alfonso Ponce de León. Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Si en España hubiese una vida cultural digna de tal nombre, quizá alguien nos habría dado a comienzos de este año algo parecido al premonitorio Autorretrato del pintor malagueño Alfonso Ponce de León: una obra que transmitiese una ineluctable sensación de fatalismo. Que es lo que, uno intuye, siente la mayoría de la población al contemplar la progresión de la pandemia y cómo afecta al tejido económico. Que el vehículo se ha salido de la calzada y está a punto de despeñarse por un barranco. Como no cabe esperar una expresión cultural de ese orden, al menos nos entretenemos con esa melé en que se ha convertido últimamente la vida política española.

Uno de los últimos choques se ha producido a raíz de la propuesta de ley del Gobierno de España para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitiría renovar por vía rápida a los 12 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esto es, con la mayoría absoluta del Congreso y no con el consenso de tres quintas partes del mismo, como hasta ahora. Los medios de la derecha han aireado, citando fuentes anónimas, la preocupación de Bruselas por la medida e incluso la posibilidad de que se suspendiesen las ayudas comunitarias para la reconstrucción en virtud de la cláusula de respeto a los principios de la Unión y la separación de poderes. Algunos comentaristas llegaron a comparar España con dos de los considerados como ‘rogue states’ (estados canalla) de la Unión Europea: Polonia y Hungría. En esta ocasión la carga la lideró el eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Luis Garicano y otros le han seguido. Cabe imaginar los dolores de articulaciones de algunos políticos españoles a la hora de hacer auténticas contorsiones retóricas para atacar al ejecutivo español y proteger al mismo tiempo al polaco y húngaro, ya que en Varsovia gobierna el partido Ley y Justicia (PiS) y en Budapest Fidesz, que en el Parlamento Europeo forman parte de los grupos de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) –al que pertenece Vox– y el Partido Popular Europeo (PPE), respectivamente.

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, defendió la propuesta en Nueva Tribuna, asegurando que con ella asumen “la responsabilidad de cumplir el mandato constitucional de renovar el CGPJ, afrontando las reformas precisas para evitar el intolerable bloqueo institucional que practica el PP por interés sectario”. Según Simancas, las críticas “ignoran premeditadamente el bloqueo del PP, porque pretenden mantener la actual situación insostenible, con un CGPJ caducado desde hace cerca de dos años” o “asumen el problema del boicot derechista, pero no plantean más solución alternativa que la resignación y el consiguiente deterioro institucional”. Además, éste cree que “se ha explicado a veces deliberadamente mal”. “Habría que recordar”, continuaba el diputado socialista, “que el PP votó recientemente en el Parlamento Europeo contra una iniciativa que pretendía defender la independencia del Poder Judicial en dos estados gobernados por formaciones conservadoras, Polonia y Hungría, ante reformas, éstas sí, realmente amenazados, ¿los populares no percibían ‘riesgos para la democracia’ por parte de sus conmilitones?”

La derecha polaca no tardó en intentar llevar agua a su molino. “En España el gobierno modifica las reglas para elegir al CGPJ: los jueces (como en Polonia) serán elegidos por el Parlamento, pero en vez de una mayoría de 3/5 (como en Polonia), será del 50%+1”, escribía en su cuenta de Twitter el viceministro de Asuntos Exteriores polaco, Paweł Jabłoński, en un mensaje que fue reproducido por varios medios de comunicación españoles, y añadía: “Me pregunto si Věra Jourová [comisaria europea de Justicia] intervendrá”. “La Comisión Europea y Alemania crean mecanismos para disciplinarnos y obligarnos a obedecer, mientras el modelo actual español no les preocupa en absoluto”, afirmó en esa misma red social Sebastian Kaleta, secretario de Estado en el Ministerio de Justicia polaco. En declaraciones a la radio pública del país, el eurodiputado del PiS Zbigniew Kuźmiuk aprovechó para cargar contra Bruselas, acusándola de utilizar “el garrote ideológico” contra su país.

Después de leer varios artículos sobre el asunto, no resulta muy difícil adivinar que lo que realmente molesta de este “atropello” es que a la derechaza le gustaría, a base de embestidas, sacar de la carretera al cupé socialista con Unidas Podemos en el asiento del copiloto para pasarnos a todos los demás por encima con su apisonadora. La carrera de la muerte del año 2020 ha comenzado.

Pan para hoy y hambre para mañana”

“Los gobiernos en minoría no imponen, negocian”, recordó Íñigo Errejón (Más País) entrevistado por el programa ‘Parlamento’ de Radio 5. No todos los partidos que dieron su apoyo a la moción de censura se sienten cómodos ante la propuesta. Gabriel Rufían (ERC) dijo que “dan miedo según qué reformas frente a un futuro gobierno de extrema derecha o de la derecha extrema del PP, Vox y Ciudadanos si tienen este poder”. Una reforma así, apostilló Rufián, podría ser “pan para hoy y hambre par mañana”.

Publicado en El Quinze, 23 de octubre de 2020.

Entre el periodisme i la traducció.